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The Deceased Member, is a web space where family, friends, colleagues, etc., Can insert photos, videos and leave messages and / or light candles in his memory.
 
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17/06/2013
“Soy policía, enséñeme su ADN”.

A partir de ahora, el ADN de cualquier persona que sea detenida en EEUU será incorporado a sus bases de datos criminales, sin importar el motivo y sin necesitar la autorización de un juez. Los mayores expertos en criminología y genética forense de España, reunidos esta semana en la Fundación Ramón Areces de Madrid, explican lo que supondría en el país una sentencia parecida.

Fuente SINC

El pasado 3 de junio, el Tribunal Supremo de EEUU concluyó que es constitucional que sus estados mantengan una base de datos de ADN de los arrestados y equiparan esa extracción a la de la toma de huellas dactilares o fotografías como método para la identificación de delincuentes.

Así, de forma rutinaria los policías requerirán muestras biológicas en cualquier detención efectuada, sin tener en cuenta el motivo, para incorporarlas a las bases de datos con fines de incriminación criminal.

Estas bases, legisladas e implantadas en prácticamente toda la Unión Europea y otros países del mundo, como EEUU, Australia y Nueva Zelanda, suponen la introducción de unos tres millones de perfiles de ADN por año.

“Todas las bases de datos son positivas, siempre y cuando su utilización posterior esté perfectamente custodiada y legislada”, explica a SINC Aitor Curiel, vicepresidente de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. “No parece razonable que tengamos todas las huellas del carnet de identidad y no estén en una base de datos que podamos usar”.

En realidad, lo que se usa para la identificación genética es ADN no codificante, vulgarmente llamado ADN basura. “No conlleva más información que la identificación, no hay peligro de utilización maliciosa. Y si solo sirve para identificar, no veo qué problema hay; nuestra propia imagen corporal nos identifica y no vamos ocultos por ello”, continua Curiel.

De forma parecida opina Miguel Botella, profesor de Antropología Forense de la Universidad de Granada. “Desde el punto de vista criminalístico, esa decisión aplicada aquí sería magnífica, pero solo desde esa perspectiva. En España se respeta más la intimidad de la persona”.

Por el contrario, la reciente sentencia estadounidense avala la toma de muestras y su introducción en una base de datos sin una autorización judicial, o sea, a criterio de las personas que llevan a cabo la investigación. Y en este punto los expertos son críticos. “No me parece adecuado porque el control y tutela judicial son siempre necesarios”, afirma José Antonio Lorente, doctor en Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada.

Sin embargo, Lorente tampoco entendería el extremo opuesto, que durante una investigación la Policía o la Guardia Civil soliciten una autorización con pruebas razonables y esta se retrase, con lo que se puedan perder datos fundamentales para las pesquisas. Y desde hace más de dos decenios, el ADN es una prueba relevante en el análisis de una escena del crimen.

“El ADN se usó por primera vez en 1985, pero no fue hasta 1987 cuando se introdujo en la práctica habitual, lo cual se consolidó definitivamente en la década de los 90 con el desarrollo de la tecnología basada en la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR”, explica Lorente.

De hecho, para los expertos hoy en día hay decenas de situaciones de investigación criminal que serían imposibles si no existiese ADN. No obstante, “por ahora es impensable que se pudiese dar una sentencia como la de EEUU en España”, sostiene Miguel Botella.

Pero para Ángel Carracedo, director del Instituto de Medicina Legal y Laboratorio de ADN de Santiago de Compostela, “el gran debate legislativo en nuestro país es si se considera necesaria o no la asistencia letrada al detenido a la hora del consentimiento informado. Para mí sí es adecuado, es más garantista”.

Casos como el de Jack el Destripador habrían sido resueltos en el siglo XXI. “Si los investigadores de hace solo 100 años hubiesen dispuesto de las tecnologías que tenemos hoy en día, mas del 90% de los casos que han quedado sin resolver en la historia se habrían resuelto”, asegura Lorente.

“No cabe duda”, subraya Botella. “La prueba está en la enorme cantidad de casos que se solucionan ahora en comparación con los similares de otras épocas. Y esa tendencia va a continuar porque día a día se incorporan técnicas y conocimientos nuevos. Los avances han sido espectaculares en los últimos diez años”.

Sin embargo, no existe certeza absoluta en ninguna prueba forense. Para los especialistas, la gran revolución es que ahora en los informes judiciales se puede cuantificar probabilísticamente el alcance de las muestras analizadas.

“No existe ninguna prueba que no tenga duda”, remarca Carracedo. “Hay veces que el ADN tiene mucho valor como prueba y otras veces menos. Son los peritos los que tenemos que dar valor a esas pruebas y los jueces los que deben integrarlo con otras evidencias para tomar una decisión”.

A día de hoy, en España solo se puede requerir una muestra de ADN a determinadas personas (detenidas, imputadas o condenadas) y por una serie de delitos claramente establecidos y con autorización judicial.

“Pero depende de la interpretación del policía que realice la actuación o detención”, sostiene Curiel. “La ley tiene una profunda indefinición. Precisa la necesidad de una orden judicial en las exploraciones para conseguir ADN. El problema está en qué es una exploración, ya que todos vamos dejando ADN al beber en un vaso o al fumar, y si alguien lo recoge y hace un análisis de ADN, en principio no sería necesaria una autorización”.

Sin embargo, cuando hay un sospechoso que no está en la base de datos y se quiere comparar con un indicio que se ha recogido, sí que se necesitará una licencia para recoger esa muestra.

“Aunque no si previamente ha sido fichado en la realización de ese acto policial, se le ha recogido una muestra y se le ha enviado a la base de datos. En definitiva, la ley es mejorable”, concluye el experto.

Quizá en un futuro no muy lejano, cuando tramitemos nuestro documento de identidad, además de una foto y la huella dactilar, tendremos que aportar un pelo o un trozo de uña como santo y seña de nuestro ADN. Por ahora, en España solo un juez puede desnudar la intimidad genética. 

Dependiendo del contenido de las bases de datos de identificación genética se pueden diferenciar las bases de datos forenses criminales y las bases de datos forenses civiles.

Las criminales se encargan de almacenar datos procedentes de personas que han sido procesadas o condenadas, así como de indicios biológicos encontrados en la escena del crimen. Su característica principal es que algunas de las muestras se obtienen sin el consentimiento de las personas implicadas.

Por su parte, las bases de datos forenses civiles poseen como único fin la identificación de personas desaparecidas, lo cual se hace comparando el ADN de las personas no identificadas con el de los familiares. Por ello es necesario que los familiares colaboren de modo voluntario y tras firmar un consentimiento informado.

Actualmente, la creación de bases de datos forense civiles permite su uso con fines humanitarios, como el programa FÉNIX, que identifica víctimas y personas desaparecidas, y la iniciativa DNA‐PROKIDS, que dificulta el tráfico de seres humanos, incluyendo las adopciones ilegales, gracias a la identificación de las víctimas.

La primera asesina en serie de la historia.

En el siglo I d. C. vivió en Roma la esclava Locusta, que mató a cerca de 400 personas durante los años que sirvió al poder. Todos sus crímenes tuvieron un denominador común, el uso de venenos. Además, muchos de aquellos asesinatos fueron obras de encargo, lo que supondría que la esclava sería un precedente de los actuales sicarios.

El historial de la primera asesina en serie comenzó con su marido, que habitualmente la maltrataba. Entonces huyó a Roma para trabajar gracias a sus conocimientos sobre las propiedades terapéuticas de las plantas.

Locusta entró a ejercer su ‘talento’ criminal en la corte del Imperio, donde las luchas de poderes acababan con frecuencia en el asesinato de los reyes y aspirantes al trono.

Después de que el emperador Claudio contrajera un quinto matrimonio con su propia sobrina, Agripina, hermana de Calígula y madre de Nerón, la mortífera esclava ayudó a esta a lograr que su hijo acabara siendo coronado emperador eliminando a todo aquel que se interponía en el camino.

Su trabajo en la sombra continuó hasta que en el año 69, la famosa envenenadora fue condenada a morir.